La ginecóloga y activista por los derechos de la mujer Lilliam Fondeur aseguró hoy que si se aprueba el endurecimiento de las penas a los médicos y demás profesionales de la salud que ayuden a causar un aborto podría provocar un incremento en el índice de mortalidad materna en el país.

El proyecto de reforma al Código Penal contempla penas de hasta 10 años para ginecólogos y profesionales de la salud que asistan a una mujer que llegue a un hospital o clínica con un proceso de aborto avanzado, precisó en un comunicado.

La mujer que se provoque un aborto y la persona que la ayude a hacerlo serán castigados con dos a tres años de cárcel si se aprueba como está contemplado el Código, pieza que fue aprobada en primera lectura en la Cámara de Diputados y que lleva 12 años bajo estudio en el Congreso. La segunda ronda de discusión del proyecto será el miércoles de la próxima semana.

La ginecóloga consideró que al impedir la asistencia médica, la pieza obligaría a los profesionales de la salud a abandonar la mujer a su suerte.

Cuando una mujer que está abortando no recibe atenciones médicas puede sufrir hemorragias e infecciones que le pueden causar la muerte en pocas horas.

Es una legislación inhumana que, infundiendo el temor a la cárcel, nos atará de manos aunque nuestra misión y vocación es salvar vidas, dijo la doctora.

Fondeur criticó que el artículo 92 del proyecto de reforma al Código Penal establezca que Si en cualquiera de los casos indicados en los artículos 81 y 82 sobreviene la muerte de la mujer, el culpable será sancionado con la pena de veinte a treinta años de prisión.

Opinó que los diputados están legislando de espaldas a la sociedad, porque entiende que esa medida no resuelve problemas, sino que perjudica a la población que eligió con su voto a las autoridades.

En el país la mortalidad materna es de 159 por cada 100 mil nacidos vivos, según la Encuesta Demográfica y de Salud (Endesa).

El problema no está en aumentar las penas, está en evitar los embarazos no deseados con educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos, puntualizó.

Entre otras de las novedades del proyecto están elevar la pena máxima a 40 años de cárcel, establecer las penas acumuladas, que podrán alcanzar 60 años de prisión, la penalización de la invasión y ocupación de tierras, castigar el secuestro, con penas de 20 a 30 años de prisión, fijar penas de cuatro a diez años a los adultos que lleven a menores a cometer delitos.