El vídeo obtenido de la cámara de circuito cerrado del Metro de Santo Domingo será vital en la valoración de las pruebas en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, durante el juicio preliminar a Frank Kelin Holguín Medina, informaron este martes los representantes del Ministerio Público, Manuel Emilio Tejeda Gómez y Dante Castillo.
Es la prueba Uno A, presentada por el Ministerio Publico para demostrar al juez que Holguín Medina era el que llevaba la mochila donde estaba el artefacto que ocasionó la explosión que provocó quemaduras a 18 personas.
Ya la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) formalizó su querella con constitución en actor civil, en la que solicita la imposición de una condena no menor de 30 años de prisión y una indemnización de 241,160 euros, equivalentes a unos RD$12 millones a Holguín Medina.
Pero ese pedimento de la Opret será ventilado en el juicio de fondo porque en esta fase lo que se valoran son las pruebas para determinar si procede o no enviarlo a juicio de fondo.
El tribunal dio un plazo de 48 horas al abogado de la defensa, Raúl Hamburgo Mena, para que establezca si seguirá representando o no al imputado Holguín Medina, o de lo contrario designar a un defensor público para que lo asista legalmente. La presentación de la acción fue hecha por ante el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que conoce la audiencia preliminar en contra del imputado.
Además de la Opret, siete víctimas también formalizaron la constitución en actor civil para reclamar indemnización.
El director de la Opret, Diandino Peña, está representado por los abogados Pedro Luis Pichardo Muñiz, director legal de la entidad, y Dionisio Ortiz Acosta.
La Opret plantea en su instancia que el Estado ha sido perjudicado por las actuaciones del imputado, debido a que la reparación del tren identificado como 1279-1284 tuvo un costo de 241 mil 160 pesos, sin cuantificar el trastorno ocasionado en las estaciones del Metro de Santo Domingo y la suspensión del servicio a los residentes de los municipios Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y del Distrito Nacional.
Precisa que en el ataque fueron perjudicados, física y emocionalmente, Francis Alberto González Gil, Merilín de León Candelario, Leoncio Miliano de la Cruz, María Altagracia Díaz, Juliana Belveré Mariano, Alexis Eugenio Acosta Mercedes y Catalina Perdomo Aquino, quienes forman parte del proceso como víctimas y solicitan la reparación de los daños y perjuicios causados.
La entidad operadora del Metro señala que los hechos descritos constituyen la infracción de las disposiciones de los artículos 7 y 8, de la Ley 267-08, que sanciona la comisión de los actos de terrorismo. La Opret precisa que las acciones ejecutadas por el imputado fueron el producto de una planificación previa y generaron graves heridas a ciudadanos.
UN APUNTE
Los perjudicados
En el ataque fueron perjudicados, física y emocionalmente, Francis Alberto González Gil, Merilín de León Candelario, Leoncio Miliano de la Cruz, María Altagracia Díaz, Juliana Belveré Mariano, Alexis Eugenio Acosta Mercedes y Catalina Perdomo Aquino, quienes forman parte del proceso como víctimas y solicitan la reparación de los daños y perjuicios causados.
