Se ha convertido en una práctica demagógica y recurrente el recurso al discurso de la protección a los consumidores por parte de algunos operadores económicos en el mercado local. En especial, la columna refiere las últimas actuaciones de algunos detallistas de combustibles agrupados en una asociación que, para justificar aumentos en los márgenes de beneficio regulados por ley, apelan al terrorismo mediático y judicial con el vil argumento de que su objetivo es proteger a los consumidores quienes, de pasada, somos todos.

A pesar de tener una Ley General de Protección al Consumidor que data del 2005 y un órgano encargado de aplicarla que funciona, la reforma del 2010 constitucionalizó los derechos del consumidor en la categoría de los derechos económicos y sociales fundamentales de las personas, con lo que se completaba la protección del conjunto de derechos que conforman las relaciones comerciales: libertad de empresa, de justa competencia y la efectiva defensa de los derechos del consumidor.

No obstante este reforzamiento constitucional, se echa de ver en la práctica actuaciones cuestionables desde la óptica normativa por parte de un grupo de empresarios de la cadena de distribución de combustibles. Una muy reciente fue la prohibición a los consumidores, por parte de unas cuantas estaciones de expendio de gasolina y gasoil, de pago con determinadas tarjetas de crédito alegando un costo excesivo de parte del intermediario financiero y la imposibilidad regulatoria de traspasar ese margen al consumidor. Para presionar a que la empresa dejara sin efecto el alza en el servicio, lo que a la postre se obtuvo, estos detallistas vulneraron varias disposiciones de las leyes de defensa de la competencia y del consumidor que huelga detallar ahora.

Por otra parte, estos mismos detallistas de combustibles también recurren a la defensa del consumidor para engañarnos: se han inventado el concepto de estaciones de servicio de bandera blanca, las que no tienen contrato de suministro de combustibles con ningún distribuidor, por lo que no asumen la promoción de ninguna marca. ¿Quién se abastece de combustible en estaciones de expendio sin marca reconocida cuando en una que sí la tiene el producto le cuesta lo mismo? Nadie en su sano juicio.

Peor aun la extendida e ilícita práctica de algunas estaciones identificadas con marcas tradicionales en el mercado que, violando el contrato de suministro exclusivo con la distribuidora, compran combustibles de menor calidad y más baratos para incrementar sus márgenes de ganancia y venderlos al mismo precio regulado al consumidor, quien cree están comprando gasolina y gasoil respaldados por una marca reconocida en el mercado, sea nacional o extranjera. Como nadie ve el producto en un estante, es fácil meter gato por liebre.

Consta que el órgano regulador de la comercialización de combustibles en el país, el Ministerio de Industria y Comercio, sí procura proteger al consumidor al establecer los mecanismos para garantizar que los productos adquiridos en las estaciones de servicios cuenten con la calidad y el respaldo que ofrecen las distribuidoras mayoristas de productos derivados del petróleo con cuyas marcas se identifican las mismas. El problema es que para algunos, el afán de lucro es más importante que el respeto a la ley y la protección de los consumidores quienes, insisto, somos todos.