Agenda Global

Por: José Alejandro Ayuso
jayuso@equidad.org.do

“En nombre del DR-CAFTA”
“Los acuerdos comerciales bilaterales de Estados Unidos muestran claramente que este país va a tratar a unos países mejor que a otros”. Esta aseveración del premio Nobel de economía del 2001 Joseph E. Stiglitz se cumplió para la República Dominicana el 5 de agosto del 2004 cuando, luego de intensos meses de negociaciones, fue firmado este tratado de libre comercio que también incluye a Centroamérica.

En estos días que está en la palestra el próximo vencimiento del plazo de desgravación por el que entrarán libre de aranceles la casi totalidad (97%) de los productos originarios de esta zona, es oportuno compartir con la amable lectoría mis experiencias más significativas como consultor del Senado de la República en la tarea de evaluar el impacto país de este TLC, las que recogí en un libro publicado en abril del 2007 que lleva el mismo título de esta columna.

A la luz del proceso de consultas que en la actualidad lleva a cabo el Senado, similar al realizado en su momento bajo el liderazgo del entonces senador Alejandro Santos, así como de las distintas opiniones de funcionarios, congresistas y empresarios al respecto, resumiré los aspectos esenciales de lo que a mi entender se ha hecho y lo que no, hasta la fecha, en nombre del DR-CAFTA.

Lo primero que me consta es que, en el 2006, el Gobierno del entonces expresidente Leonel Fernández aprovechó la coyuntura de la merma fiscal por eliminación de aranceles y de la “comisión cambiaria” que produciría la entrada en vigencia del tratado comercial para clavarle al país la estocada de una tercera reforma fiscal en menos de 3 años, sucesivos aumentos de impuestos que hicieron caso omiso al justificado reclamo social de austeridad en el gasto público.

En ese momento, el empresariado la calificó como “una contrarreforma paradójica” que atentaba contra la competitividad de las empresas locales que entrarían en un escenario de libre comercio en desigualdad de condiciones que sus competidoras estadounidenses y centroamericanas: se hizo una alianza empresarial que exigía “equidad fiscal” para eliminar el conocido “sesgo exportador” que aun provoca distorsiones impositivas que afectan el sector productivo.

Así el gobierno logró “compensar” las pérdidas fiscales que provocaría el DR-CAFTA. Pero lo que nunca se hizo, y ha quedado pendiente 10 años después, fue abordar una serie de reformas estructurales que mejoraran la competitividad sistémica del país como abaratar el costo de la electricidad, mejorar el acceso al financiamiento exportador, entre otras.

Hoy, el director del Consejo Nacional de Competitividad Andrés Vander Horts, consideró que se hace “inaplazable” retomar este proceso, mientras el vocero del bloque de senadores del PLD, José María Sosa, responsabiliza injustamente a los empresarios por una falta que no es de su entera responsabilidad.

Como fue revelado en el 2006 por la revista Time en aquel intrépido reportaje titulado La Paradoja Tropical, el retraso de más de un año en la implementación del DR-CAFTA le permitió a la administración Fernández favorecer contratistas con proyectos como el Metro sin realizar licitaciones internacionales abiertas, con la única intención de “consolidar su poder”.