En alguna que otra ocasión he reaccionado a declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, el apreciado y respetado profesor doctor Jorge Subero Isa, sobre todo cuando se ha referido al sistema de justicia constitucional establecido en la Norma Suprema promulgada en el 2010. De las publicadas por Diario Libre del pasado sábado 12 de febrero, coincido con algunos de sus planteamientos y difiero de otros, a saber.

Proclamo mi total acuerdo con un proceso de selección transparente y participativo de los magistrados del Tribunal Constitucional, como también lo reclama la sociedad civil y lo prevé la Ley Orgánica del mismo próxima a ser aprobada por el Congreso Nacional, lo que garantizaría que sea integrado por personas con conocimiento de causa y prudentes.

Sobre que las decisiones del TC son políticas, quede claro que por definición el TC es un órgano político porque todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución (art. 6), y que el mismo deberá garantizar la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales (art. 184), por lo que tendrá poder de decisión para controlar y verificar la conformidad con las disposiciones constitucionales de todos los actos que emanen de los tres poderes del Estado, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

Como advierte el ex presidente del TC italiano y eminente jurista Gustavo Zagrebelsky: El TC está dentro de la política, incluso es uno de sus factores decisivos, si por política se entiende la actividad dirigida a la convivencia. El Tribunal es apolítico si por política se entiende la competición entre las partes por la asunción y la gestión del poder. Dicho esto, tampoco se puede perder de vista que el TC es un órgano jurisdiccional aunque no pertenezca al Poder Judicial, por lo que sus decisiones versarán sobre actos políticos que deberán ser resueltos con argumentos jurídicos.

Sobre lo publicado de que carecemos de personal calificado para defender al país de un problema en el campo internacional ante la Organización Mundial del Comercio y ante la Corte y el Comité Interamericano de Derechos Humanos, me consta que sí tenemos buenos y jóvenes juristas formados en la materia, con maestrías y doctorados en las mejores universidades de Europa, Estados Unidos y Centro y Sur América, aunque muchos de ellos carecen de experiencia porque precisamente no han recibido la oportunidad ni del Estado ni del sector privado para demostrar sus condiciones profesionales en litigios a nivel internacional.

Entiendo que si el país ha perdido pleitos en la Corte no ha sido por falta de preparación técnica en la defensa del interés nacional, sino porque como Estado hemos infringido las normas de la Convención Interamericana que tienen rango constitucional. Y cuando del Órgano de Solución de Diferencias en la OMC se trata, el sector productivo nacional ha preferido contratar firmas de abogados europeas o norteamericanas con sede en Ginebra y no le ha brindado la oportunidad de demostrar sus conocimientos en la materia a competentes oficinas locales de abogados.