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Con las esclarecedoras explicaciones de los integrantes de la comisión ministerial que tiene como mandato resolver el litigio que cuestionaba una parte de los títulos de propiedad en manos de particulares, la gente de la región suroeste del país, en especial los habitantes de Pedernales, han recibido la buena noticia de que muy pronto verán llegar el desarrollo humano que les había sido negado durante largo tiempo.

Una de las regiones más depauperadas y marginadas de la nación, cuya única esperanza de desarrollo sostenible descansa en el inmenso potencial turístico de sus bellezas naturales para cuya explotación requiere de cuantiosas inversiones públicas y privadas que sólo fluyen cuando existe seguridad jurídica, precisamente uno de los elementos faltantes que ahora resuelve el acuerdo a que han arribado las partes.

Se recuerda que el concepto de “desarrollo sostenible” presenta tres caras: el crecimiento económico, la preservación del entorno, pero también el desarrollo social que obliga a buscar formas científicamente creativas para armonizar estos tres elementos. Al poner fin a un conflicto judicial iniciado hace 16 años y con perspectivas de tomarse muchísimo tiempo más, el Estado cumple con su “función esencial” que es “la protección efectiva de los derechos de las personas” (art. 8 constitucional), en este caso los derechos económicos y sociales vulnerados desde siempre a los moradores de Pedernales. 

Como bien explicó el Ministro de Turismo Francisco Javier García, el Plan de Desarrollo Turístico elaborado para la zona, con la asesoría de reputados técnicos nacionales y de costarricenses conocedores de cómo se armoniza la industria del turismo con la preservación del equilibrio ecológico, de lo que Costa Rica es ejemplo para el mundo, sólo aplica para el 52% de los terrenos que no están incluidos en los parques nacionales cuyas áreas están delimitadas por ley.

Al efecto, el Ministro de Medio Ambiente Bautista Rojas Gómez proporcionó “garantías de que no se tocarían las áreas protegidas”, en especial la Bahía de las Águilas que será playa pública para el disfrute de todos, y que se protegerían los invaluables ecosistemas de esta región que son “bienes patrimoniales de la Nación” como establece el art. 16 de la Constitución que, también en su art. 17, dispone del “aprovechamiento de los recursos naturales…bajo criterios ambientales sostenibles”.

Por su parte, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo profesor César Pina Toribio se refirió a los aspectos legales de la fórmula escogida para viabilizar el desistimiento del Estado a su pretensión de que una eventual decisión judicial anulara los títulos de propiedad en manos de particulares, y estos, a su vez, abandonan el reclamo de que se les reconociera el 100% de los mismos.

Mediante la novedosa figura del fideicomiso que garantiza la total transparencia del proceso, los titulares de las parcelas objeto del litigio serán acreedores del 45% del valor de venta de las mismas, y el Estado recibirá el 55% que será destinado, como aseguraron los Ministros en la rueda de prensa de ayer, a financiar la inversión pública requerida para dotar de infraestructura la zona. Un “mal arreglo” que la gente de Pedernales prefiere al “buen pleito” que le impediría por varias décadas más alcanzar el desarrollo humano.