Tras perder el último recurso, la suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, no tiene ni la más remota posibilidad de impedir su destitución por la supuesta manipulación de las estadísticas para ocultar el déficit fiscal. Sus abogados no pudieron evitar que el Senado suspendiera la votación para conocer las imputaciones que vinculan al presidente interino, Michel Temer, con el escándalo de corrupción en la firma Petrobras.

En virtud de un arreglo con la fiscalía, el empresario Marcelo Odebrecht habría citado a Temer entre los políticos que recibieron aportes ilegales para su campaña electoral.

Con una atmósfera en su contra, Rousseff no tiene más que esperar el veredicto final del Senado cuando vuelva a sesionar a fines de este mes. Para despojarla de su mandato basta con una mayoría calificada de 54 de 81 senadores.

Acusada de atentar contra la Constitución, sus partidarios dentro y fuera del cuerpo legislativo han calificado el proceso como un golpe, una farsa y un fraude.