El Informe de Estados Unidos sobre derechos humanos se recibe aquí como documento bíblico objeto de lectura sesgada según los intereses de fariseos y cristianos.

Aunque se ha dicho que Washington carece de calidad jurídica y moral para enjuiciar a la humanidad sobre conducta democrática o ejercicio de civilidad, en este traspatio se levantan bazares para promover a conveniencia esas gacetillas imperiales.

En ese informe se repiten denuncias sobre violaciones a derechos humanos contenidas en la entrega del 2008 (crímenes extrajudiciales, discriminación contra inmigrantes y sus descendientes, violencia intrafamiliar, prostitución y trabajo infantil).

En ese escrito se destaca que el número de asesinatos ilegales a manos de agentes policiales se redujo de 455 en 2008 a 346 el año pasado, lo que indica que el empleo de fuerza letal injustificable contra presuntos delincuente disminuyó en cerca de un 25 por ciento.

También se admite que el cuerpo del orden registró mejora de las condiciones de entrenamiento profesional de sus agentes y que en 2009 no se cometió ningún asesinato por razones políticas.

Es claro que los responsables de casos comprobados de violaciones a derechos humanos, incluido tortura o asesinato, deben ser sometidos a los tribunales y condenados conforme al ordenamiento jurídico nacional.

Redactores de ese informe olvidaron consignar que la Policía y el Ministerio Público carecen de instrumentales básicos para combatir el crimen y que los delincuentes en las más de las veces están mejor armados que los agentes policiales.

Estados Unidos debería reflejarse en propio espejo cuando se refiera a los temas de discriminación racial y de condiciones inhumanas en las cárceles, aunque esta vez admite que aquí se avanzó con la construcción de centros penitenciarios modelos.

Sin importar si ese informe pueda leerse al derecho o al revés, se insiste en señalar que Washington carece de prerrogativas para enjuiciar o fiscalizar al mundo. Nadie está obligado a inclinar la cerviz.