Auditorías a FFAA y PN

Antes del discurso presidencial del 27 de Febrero, la columna trató de la necesidad de auditar los gastos de las Fuerzas Armadas y de la Policía, lo que incluiría la transparentización de las fabulosas fortunas de generales, coroneles, mayores, capitanes y hasta tenientes.

No se conoce en los últimos casi cincuenta años de una auditoría realizada en las operaciones del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Policía y mucho menos de declaraciones de bienes de sus oficiales superiores.

Los cuerpos armados y la Policía disponen a su antojo y sin control de los presupuestos que les asigna el gobierno y ahí está la primera oportunidad de corrupción de secretarios, jefes de Estado Mayor y otros oficiales de las FFAA y de los jefes y otros oficiales del cuerpo de orden.

En su gestión 1996-2000, el presidente Fernández y varios de sus funcionarios en el Ministerio Público hablaron de la necesidad de modificar el régimen de las pruebas para utilizar como tales a los signos evidentes.

En lo que se refiere a mandos de las FFA en los últimos cincuenta años, como a jefes y subjefes y otros oficiales superiores de la Policía, esos signos evidentes evidenciarían corrupción.

Bajo ninguna circunstancia esos altos oficiales podrían siquiera explicar el origen de fortunas y otros bienes que se les conoce y de los que hacen galas con suntuosas residencias, automóviles caros y propiedad de fincas, compañías por acciones y anónimas y residencias veraniegas.

Uno o dos generales Emilio Ogando, para citar a uno aunque el grupo pudiera no pasar de cinco-, viven como cualquier hijo de vecino en uno de esos vecindarios de clase media baja con ingresos que apenas les permiten llevar el pan a la mesa y que se circunscriben a su pensión y al salario o pensiones de sus esposas.

Pero el vicealmirante Ogando y esos dos o tres que le acompañan son muy pocos. Excepciones de la regla. Los de antes y los de ahora, activos y pensionados, viven como pachases y el dinero de pensión que reciben ni siquiera les sirve como menudo para gastos de bolsillo.

La corrupción militar recomenzó con el neotrujillismo de Joaquín Balaguer, se prolongó por sus dos largos períodos de doce y diez años de gobierno y crímenes y se contagió a gobiernos que hubo en el interregno 1978 a 1986 y de 1996 en adelante.

A los jefes militares y de la Policía se les paga con un quid pro quo de enriquecimiento ilícito a cambio de lealtad, como enseñó Balaguer, el padre de la corrupción.

Que haya auditorías en las FFAA y la PN y que sus incumbentes y oficiales superiores deban declarar y explicar y justificar los bienes que poseen es una de las primeras medidas para empezar a luchar contra el cáncer de la corrupción.