Reglamento esperado

La Ley de Migración se aprobó y promulgó hace cinco años tras debates de una comisión multidisciplinaria y, aunque desnaturalizada en parte por diputados y senadores racistas antihaitianos, es un punto de partida para regularizar las relaciones socioeconómicas y políticas con Haití.

No hace muchos días, la secretaría de Interior hizo conocer y sometió al Congreso el esperado reglamento de esa ley, que incluye de manera principal lo que se refiere al estatus de los haitianos residentes ilegales.

Un principio de razón y humanitarismo no deja otro camino que el de recomendar la legalización de esa residencia ilegal, calculada en cerca de las ochocientas mil personas.

Registrados y legalizados, esos ciudadanos haitianos no serán dominicanos pero tampoco apátridas o seres en un limbo jurídico que los hace blanco de actos de injusticia que se quisiese cometer contra ellos.

Con el registro y la legalización, por ejemplo, ciertos constructores no podrán llamar a la camiona en los días de pago para ahorrarse la nómina que deben a los haitianos albañiles, carpinteros, varilleros, pegabloques, tiramezcla , pintores y otros obreros que utilizan en sus obras.

Y esos ciudadanos, además, tendrán en sus manos la posibilidad de iniciar las gestiones que pudieran naturalizarlos, de acuerdo a tiempo de residencia aquí, familia formada y conducta personal y social avalada por vecinos y empleadores.

El peligro haitiano de que hablan los racistas no existe desde principios del siglo antepasado, cuando se verificaron las últimas invasiones de los vecinos contra territorio dominicano.

En ese lapso de un poco más de doscientos años y a golpe de tiranías, dictaduras, explotación y despojo, el pueblo y el Estado haitianos han entrado en un proceso de extinción que no ha podido siquiera empezar a resolver al fideicomiso que viven desde hace más de diez años.

En el interregno, su única conquista ha sido el desmembramiento de unas fuerzas armadas de donde surgieron los tiranos y dictadores o que tiranos y dictadores civiles utilizaron como estructura de opresión y explotación contra las masas.

Por todo lo demás, y en lo que se refiere a industria, comercio, banca, turismo y promoción socioeconómica en general, Haití luce estancado y sin esperanza.

Pero ese es el problema institucional nacional de los vecinos.

El de los dominicanos, con relación a los haitianos ilegales que viven en el territorio y que son hijos en su mayoría del tráfico comercial que por los 385 kilómetros de frontera manejan los militares y policías dominicanos, es el de registrar y legalizar su presencia aquí, con miras de iniciar un proceso institucional de integración que, de hecho, se da en la capital y en provincias.