Al ajusticiamiento del tirano Rafael Trujillo, a los altos oficiales de las Fuerzas Armadas solo les interesó encontrar la manera de conservar sus puestos.
Más tarde, a conservar los puestos añadieron la posibilidad de enriquecerse mediante la corrupción democrática.
Altos oficiales de las tres armas y de la Policía azuzaron a turbas para saquear ellos las residencias de los Trujillo y de los civiles trujillistas.
La casa de ningún militar trujillista, por criminal que hubiera sido, fue tocada siquiera con el pétalo de una rosa.
Más tarde, pero dentro del mismo orden de confusión que reinaba, los generales y otros oficiales superiores se dedicaron al saqueo de las fincas de Trujillo y de los trujillistas.
El ganado de raza fue a parar a las fincas de los generales y coroneles mientras a las turbas se destinaban dos o tres vaquitas que fueron sacrificadas en las calles.
En los periódicos publicados entonces apareció, con gran escándalo, que una turba había asaltado la Hacienda Fundación o la Feria Ganadera y que había matado y se había repartido la carne de un gran campeón.
Es posible que tal cosa hubiese ocurrido pero sólo por escapársele a algún general finquero y ganadero de los que la tiranía hizo abundar en sus 31 años de crimen y latrocinio.
Trujillo despojó de sus bienes a importantes hacendados el caso de Juan Rodríguez García es el que mejor se conoce-, y tomó la mayor cantidad de las tierras y del ganado para sí pero dejó caer algunas migajas a sus generales.
Las organizaciones que salieron a la calle tras el ajusticiamiento, tanto las de antitrujillistas que resistieron en el país como las de antitrujillistas del exilio, hicieron sin hacerlo el compromiso de establecer y mantener una democracia. Los guardias no participaron en eso.
En diciembre de 1962 esa democracia fue escogida por el voto popular pero Juan Bosch y el Partido Revolucionario solo pudieron permanecer siete meses en el poder.
El golpe que derrocó al primer gobierno democrático que elegía con libertad el país después de los comicios de 1924 fue derrocado por una alianza integrada por Estados Unidos, la clase dominante nacional y la iglesia católica, delante de la cual se puso a los generales y coroneles de las FFAA.
El manifiesto del golpe, elaborado por el sacerdote Oscar Robles Toledano, estaba firmado por 25 generales y coroneles entre los que figuraron dos sobrevivientes del ajusticiamiento de Trujillo a los que por esa razón se les había conferido el rango: Antonio Imbert Barrera y Luis Amiama Tio.
Pero estos dos, como todos los demás, fueron sólo el testaferro de fuerza que utilizaron los norteamericanos y sus aliados políticos criollos, incluida la iglesia católica.

