El Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía supuesta a mantener el orden y combatir la violación de las leyes terminan por aprovechar la superioridad e impunidad de que gozan en la sociedad para convertirse en una estructura de crimen organizado.

Los polvos de la corrupción y de la inmunidad trajeron esos lodos.

Militares y policías, de general a raso, viven del tráfico de influencia, la extorsión y el abuso que les permite a unos, los menos, la acumulación originaria y al resto sumar un salario de competencia en la sociedad de consumo.

De 1966 en adelante, Joaquín Balaguer estableció la corrupción como quid pro quo por respaldo incondicional de los mandos militares y del jefe policial pero lo que para éstos empezó con tráfico de influencia, contrabando y otras formas ilícitas menores de comercio y negocios derivó en poco tiempo al narcotráfico.

El narcotráfico mueve centenares de miles de millones de pesos y por ahí se hace la acumulación originaria en muy poco tiempo, que centuplica en lapso igual.

Las fortunas de los generales y la posición holgada de coroneles, mayores, capitanes, tenientes, sargentos y cabos de las tres armas militares y de la Policía no encuentran siquiera explicación.

Y la sociedad sabe y tiene la experiencia de que puede contarse con los dedos de una mano, y sobran dedos, los generales y coroneles que no se han hecho millonarios con la corrupción de los presupuestos internos y con la de negocios ilícitos incluído, desde hace unos veinte años, el narcotráfico.

Los militares de general a raso, igual en la Policía, no pueden probar la propiedad siquiera de modestas casas de urbanizaciones o vecindarios pobres, muchísimo menos la de mansiones en la ciudad y lugares de veraneo, fincas, edificios de apartamentos, acciones en empresas industriales y comerciales, pipetas de lujo y pago de estudios a los hijos en colegios de ricos y, para posgrado universitario, en el extranjero.

Los salarios de generales, coroneles, mayores y capitanes les alcanzarían sólo para costear una vida modesta que pudiera llegar hasta la propiedad de un carro utilitario de medio uso por la ventaja de que el arma a que pertenecen, o la Policía, le da gasolina, ropa, zapatos y, cuando están de servicio, alimento personal.

Sin embargo, la sociedad no los ve vivir con la modestia de la gente de clase media-baja y de gente más pobre que no llega a la línea de la indigencia (oficinistas, técnicos, obreros especializados).

La desagregación social y autoridad de fuerzas armadas y Policía han permitido que, como estructura, militares y agentes formen parte de una suprasociedad de crimen y delito que goza de entera libertad de acción y de impunidad.