La fiscal de la Corte de Apelación de Santiago libertó a un grupo de jóvenes acusados por Aduanas y la Fiscalía locales por un contrabando que en los últimos meses envuelve más de 100 millones de pesos.

La doctora Vielka Calderón corrigió la medida de coerción impuesta por la fiscal Jenny Berenice Reynoso y puso en libertad a quienes son hijos de dirigentes locales del Partido de la Liberación.

La Fiscal se quejó de la medida y la calificó de imprudente porque un hijo de Calderón trabaja en Aduanas y es investigado con relación al caso.

La doctora Calderón declaró a los periodistas que su hijo no trabajaba en aduanas sino en un almacén fiscal del empresario Mícalo Bermúdez.

Pero el hijo de la funcionaria judicial, Milton Rivas Calderón, sí trabaja como aforador de Aduanas, además, con salario de cerca de veinte mil pesos.

Aparte de mentir, Calderón trató de hacer valer 17 años que tendría como experiencia en la judicatura frente a funcionarios jóvenes y recientes, en alusión a la fiscal Reynoso.

Es una característica de los dirigentes peledeístas que son funcionarios del gobierno actuar y hablar como si la verdad fuera sólo lo que ellos dicen.

Así, ministros de Educación Superior y superintendentes de Seguros se niegan a publicar en las páginas web de sus dependencias informaciones y datos que deben ofrecer, por ley, a cualesquier ciudadanos que lo soliciten por escrito.

Al parecer, y aunque quizá la doctora Calderón no sea dirigente del PLD, la costumbre contagia a funcionarios de la judicatura como ella. Y aparte de la mentira en la que la sorprendió todo santiaguense que conozca a los funcionarios locales de Aduanas, trató de menospreciar a la Fiscal por su juventud y por el corto tiempo que tiene de experiencia en la judicatura.

Ser viejo en el ejercicio de puestos, de manera particular en la judicatura, pudiera significar sólo que se ha tenido oportunidad de ser arrastrado por las corrientes del envilecimiento al que en el sistema trata de ponerse freno en estos últimos años.

La doctora Calderón mintió de manera pública y, como mintió, abrió la posibilidad de que la gente piense que detrás de su decisión de liberar a los jóvenes acusados de contrabando había no la intención de hacer justicia sino la de curarse en salud.

¿Constituye esa acción de mentir con descaro el mejor aval para conservar el puesto de fiscal de la Corte de Apelación?

En un gobierno con las costumbres del presente, puede que sí.