A medida que la violencia ha ido incrementándose, los clamores por el desarme total de la población civil hacen su esporádica reaparición como solución definitiva a ese problema. No solo retirar las armas legales actualmente en circulación pudiera probar ser un intento costoso y de resultados cuestionables, sino que probablemente el problema podría no quedar resuelto. Hay muchísima brecha en materia de armas para la acción legislativa, y antes que cualquier aventura impuesta de hecho, pudiera ser más prudente ver donde fallan nuestras leyes.

A pesar de que la diferencia entre tener un arma y portarla es enorme en los hechos y en cuanto al potencial daño a terceros, nuestra Ley apenas hace la distinción entre una y otra para fines declarativos e impositivos. La mayoría de las leyes sobre control de armas de fuego buscan aplicar restricciones al tipo de armas que pueden ser portadas, la forma en que podrían ser portadas y su y su uso que es previsto como excepcional en absolutamente todos los casos. Nuestro país no tiene eso.

La ley prohíbe el porte de armas en lugares públicos, pero la práctica ha dejado esa discrecionalidad a cargo de cada dueño de sitio, que debe aplicarla informalmente en la manera que sus recursos se lo permitan, esto en vista de que las fuerzas del orden o no están en capacidad de aplicar esa restricción o simplemente no hay voluntad de hacerlo. El hecho de disparar un arma de fuego en público no está expresamente prohibido por la ley, y salvo que haya servido de amenaza o intimidación o que en efecto haya resultado alguien muerto o herido por el hecho, la persecución legal difícilmente pudiera ser sostenible.

El desarme resulta en una medida extrema con resultados cuestionables. Razonablemente se podrá tener constancia de las armas legales en manos del público, y por ende estas pudieran ser las más fáciles de recuperar en el desarme, pero la mayor parte de los crímenes y actos violentos no se ejecutan con armas legales. El desarme expone al riesgo de la indefensa a ciudadanos en su mayoría serios, frente a una creciente ola delictiva que indistintamente de los operativos que hagan las autoridades, seguirán estando armados.

Es por ello que se debe evaluar aplicar restricciones razonables donde no se despoje totalmente al ciudadano de su capacidad de defensa, que en la actualidad el mismo Estado ha sido incapaz de proveer, pero que al mismo tiempo imponga mayor sentido de responsabilidad al porte y uso de las armas. Y es la responsabilidad en el uso de las armas lo que distingue a un ciudadano armado que presente un peligro para los demás de aquellos que solo buscan defenderse. Desarmar no resuelve ese problema, promover el uso responsable a través de la ley, en cambio, facilitará el trabajo de las autoridades en palear la creciente ola de violencia de una forma más efectiva.