Los dueños del país han advertido que impedirán por la fuerza la operación de autobuses que fungirán como alimentadores del Metro de Santo Domingo, a menos que el Gobierno les transfiera el control de esas rutas, con lo que se pretende asociar al desorden y a la anarquía un modelo de transporte de pasajeros que tantos sacrificios ha costado levantar.

Esos empresarios transportistas anuncian que realizarán marchas, vigilias y paros para evitar que la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) ponga en operación flotillas de autobuses nuevos que conectarían las estaciones del Metro con diferentes sectores del Gran Santo Domingo, sin poder entender que ya no es posible arrebatarles a los ciudadanos tan preciada conquista.

La utilidad del sistema de transporte sobre rieles estriba en la capacidad que tendrían rutas alimentadoras de trasladar desde y hasta los vagones a miles de pasajeros en forma tan segura y confortable como viajarían en los trenes en vías subterráneas, por lo que de ninguna manera la Opret puede ceder al chantaje de clanes cuasi mafiosos.

Viajar en una guagua voladora de las que operan esas empresas de transporte es como penetrar el mismo infierno, donde los pasajeros sufren todo tipo de atropello y amargura, además de colocar cada día su vida en un hilo, pues la mayoría de los choferes de esas maledicencias conducen como locos de remate.

Las líneas del Metro cubren un trayecto de 27 kilómetros y atraviesan decenas de barrios, vías céntricas, sectores comerciales e industriales, lo que permite que una gran masa de hombres y mujeres puedan llegar y volver a sus lugares de trabajo o de estudio, de manera ordenada, en plena seguridad, sin padecer de ningún tipo de vejación.

Las rutas alimentadoras ayudarán a más que duplicar el número de usuarios del Metro, pero esos autobuses no pueden ser otorgados o transferidos a piratas del transporte, ni permitir que en esas vías operen las guaguas voladoras que andan como chivos sin ley, porque sería reeditar el desorden que imponen esos cárteles del transporte.

Los choferes que laboran al servicio de esas empresas deberían ser reclutados por la Opret, sometidos a un profundo proceso de entrenamiento vial y educación cívica para que puedan conducir los nuevos autobuses, pero nunca, jamás, permitir las autoridades que el desorden llegue hasta el Metro.

La Policía y Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET) tienen la obligación de proteger los autobuses que transportan pasajeros desde y hacia las líneas del Metro, porque esta vez, el Gobierno está compelido a no rajarse ante las amenazas de grupos que se han enriquecido con el mercadeo de miedo, terror y chantaje.