La decisión de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) de obligar a los pacientes a realizarse analíticas y estudios diagnósticos exclusivamente en los 116 centros afiliado, coloca nueva vez el derecho a la salud de todos los dominicanos, en el epicentro de las políticas públicas. De entrada, la decisión de Andeclip es inconstitucional e ilegal.

Uno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución dominicana es el derecho a la salud. En efecto, el artículo 61 establece que “toda persona tiene derecho a la salud integral”. Por su parte, el artículo 50 de la Constitución es esencial al reconocer la libertad de empresa, cuando señala que “El Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria.

Todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en esta Constitución y las que establezcan las leyes”.

En el caso particular de la prestación del servicio de salud, es prudente destacar que la medida anunciada por Andeclip violenta también uno de los principios fundamentales de la Ley 87-01 de Seguridad Social, que es la libre elección de los afiliados a seleccionar a cualquier administrador y proveedor de servicios acreditado, así como a cambiarlo cuando lo consideren conveniente.

Se está en presencia, por lo tanto, de una disposición que afecta claramente los derechos tanto de las empresas como los laboratorios y médicos independientes así como los de los pacientes que tienen el derecho de escoger los servicios que mejor crean para sus intereses, al margen del centro de salud al cual se están atendiendo. Es muy poco probable que la decisión de Andeclip se mantenga en el corto plazo sin su revocación o sin su cuestionamiento en el ámbito judicial, pero lo importante ha sido la reacción de rechazo de los ciudadanos, en ejercicio de sus derechos fundamentales.

Es muy probable que este choque entre el interés privado de los dueños de las clínicas y el interés ciudadano llegue oportunamente al Tribunal Constitucional. Guardando las distancias, en su conocido ensayo “American Jurisprudence through English Eyes: The Nightmare and the Noble Dream” (1983), de H.L.A. Hart, el Tribunal Constitucional adoptará el Noble Sueño, y defenderá la Constitución y al ciudadano.