Al Gobierno le urge que el Consejo Económico y Social emita cuanto antes su opinión en torno a la propuesta de reforma fiscal, que no será vinculante con la prerrogativa del Congreso Nacional de aprobar, modificar o rechazar ese proyecto, aunque se da por descontado que la mayoría oficialista en las cámaras legislativas sancionará favorablemente el ramillete de impuestos.

Resultaría altamente conveniente que los sectores representados en ese Consejo logren algún tipo de avenencia con el Poder Ejecutivo a los fines de que la carga que se procura imponer sea menos pesarosa y distribuida con elevado sentido de justicia y prudencia.

Imponer desde el Poder Legislativo una reforma tributaria de preeminencia fiscalista sin conexión con garantía jurídica y política de que el Gasto Publico será reducido y mejor reorientado puede convertirse en chispa sobre pradera seca, por lo que se aconseja a funcionarios y legisladores a exhibir prudencia, paciencia y comprensión ante tan difícil disyuntiva.

El mejor aporte que podría hacer ese Consejo Económico y Social es el de medir el impacto que sobre el índice general de precios tendría el paquete fiscal, así como los efectos negativos que produciría en el aparato productivo a nivel de competitividad y generación de empleos.

El Gobierno no parece interesado en auscultar las causas de tan elevado déficit fiscal, por lo que su intención se focaliza en procurar que los ingresos para 2013 aumenten en 55 mil millones de pesos, sin importar las consecuencias económicas y políticas que provoquen cargas y gravámenes de naturaleza progresiva.

Se justifica la prisa para la elaboración del proyecto de Presupuesto General del Estado, pero hay tiempo suficiente para que la razón y el buen juicio tomen comando de la situación y se evite que el remedio que se procura imponer sea peor que la enfermedad.

Se insiste en solicitar al Consejo que discute la propuesta de reforma fiscal que realice los estudios de lugar para precisar el impacto que ese paquetazo tendría sobre los niveles de inflación, empleo y competitividad, para que la maquinaria legislativa oficial no alegue ignorancia sobre el perjuicio que causaría aprobar al vapor un proyecto altamente contaminado.

Una clase media políticamente inmovilizada y un sector productivo que navega contra la corriente tienen en ese Consejo Económico y Social la única tabla de salvación antes de que el malletazo congresual anuncie que el palo está dado.