Cuando el entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, anunció el sometimiento de seis personas por el escándalo de los sobornos de Odebrecht, afirmó que todo funcionario “que se comprobara” hubiera recibido los pagos ilícitos de la compañía, o algún beneficio indirecto, sería enviado a la acción de la justicia “sin importar de quién se tratara ni en qué período de Gobierno hubiera desempeñado funciones”.

El problema estuvo en que a pesar de los largos meses de trabajo con la participación de un equipo multidisciplinario de 50 personas y más de 130 mil horas dedicadas al examen de los casos no se comprobó más que la implicación de los bien seleccionados imputados en una operación que se extendió desde 2001 hasta 2014.

Ahora se está ante la operación “antipulpo”, que tiene en común con el caso Odebrecht que en ambas investigaciones han participado los mismos fiscales. Sin embargo, la diferencia la marca tanto el contexto como la presencia de Miriam Germán Brito en el ministerio público.

Pero todavía con la independencia y responsabilidad que se le reconocen a la magistrada no dejan de asomar dudas en torno al alcance de la investigación, con todo y que estén tras las rejas dos hermanos del expresidente Danilo Medina. Y que también se haya interrogado a otra hermana, la exdiputada Lucía Medina, y que influyentes figuras de la pasada gestión estén en la mira por las alarmantes irregularidades que se han denunciado.

No deja de prestarse a suspicacias que todavía no se hayan atados los cabos sueltos del caso Odebrecht en lo referente a incógnitas sobre las exclusiones de supuestos implicados denunciadas por el empresario Ángel Rondón, basado en un alegado testimonio del exrepresentante de la firma aquí, Marco Vasconcelos Cruz, ni en identificar e interrogar a las personas que habrían recibido los pagos ilegales por 54. 9 millones de dólares para siete y obras y la termoeléctrica Punta Catalina.

Más interés se ha puesto en determinar el motivo por el cual se archivó de manera definitiva, después de informarse que era provisional, el legajo contra Temístocles Montás, presidente del PLD, y otros imputados políticamente relacionados con el PRM.

Si en el caso Odebrecht no se llega hasta las últimas consecuencias la operación “antipulpo” podría verse como selectiva, al margen de las violaciones en que pudieran incurrir los imputados, e incluso hasta retaliatoria.

Es un bochornoso espectáculo que el ministerio público insista en presentar como únicos beneficiarios de los sobornos de la constructora brasileña a los actuales encartados, sin mostrar el menor interés en profundizar las investigaciones para sacar a flote toda la verdad.

Por: Luis Perez Casanova
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