Así titula la prestigiosa revista norteamericana The Economist en su versión digital del día 16 de diciembre del año 2011 un artículo que se refiere a la reciente puesta en vigencia de las nuevas disposiciones normativas de inmigración en la República Dominicana.

La publicación señala una avalancha de reclamos hechos a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (IACHR por sus siglas en inglés) por personas que alegan haber tenido alguna vez documentación legal dominicana y habérseles suspendido recientemente por no poder demostrar haber nacido en territorio dominicano bajo las condiciones legales que norma el artículo 11 de nuestra Constitución.

Es el caso de numerosas personas de origen haitiano que, a raíz de la muerte de la activista Sonia Pierre, acuden a diversas Organizaciones No Gubernamentales, ONG, en busca de solucionar sus casos por alguna otra vía y penalizar a la República Dominicana bajo el sonoro alegato de racismo y odio a los haitianos.

Es interesante el artículo (el enlace es www.economist.com/blogs/americasview/2011/12/dominican-haitian-relations), porque no solo desvirtúa lo que nuestra Constitución regula desde décadas, sino que además asegura que se utiliza el sentimiento antihaitiano presente entre los dominicanos en beneficio político, aludiendo desde la matanza hecha por Trujillo en el año 1937 hasta la victoria electoral peledeísta, atribuida a las insinuaciones hechas por Balaguer sobre el plan de fusión de la isla del candidato opositor de entonces.

Sin interés de animar ningún sentimiento que intente perjudicar nuestras actuales buenas e importantes relaciones con la nación vecina, particularmente pienso que hacen bien las autoridades dominicanas, y, en especial, la Junta Central Electoral en normalizar, corregir y depurar nuestro Registro Civil y vigilar la inmigración, que siempre existirá en nuestra porosa frontera, tomando en cuenta que: «no hay cama pa’ tanta gente».