Fue aplazada para el domingo 6 de diciembre a las 10:00 de la mañana la audiencia de medida de coerción contra los cinco exfuncionarios del pasado gobierno e igual número de supuestos de testaferros, acusados por el Ministerio Público de corrupción.
La decisión, acordada entre las partes involucradas en el proceso, fue para los fines de darle tiempo a los abogados de la defensa a que tenga conocimiento de las pruebas que pesan contra sus defendidos.
La decisión fue refrendada por el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas.
El caso estaba en el número 12 del rol de audiencias. Los 10 acusados están detenidos desde el pasado domingo en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Pedido
Fue anoche cuando el Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva a los diez exfuncionarios que, según afirma la Procuraduría, recibieron privilegios económicos del Estado y sirvieron de testaferros.
Marcando el reloj las 11:20 de la noche, el cuerpo de fiscales, coordinado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), depositó la solicitud de medida de coerción por ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
En dicho documento, las autoridades piden prisión preventiva para los imputados, de conformidad con el artículo 226, numeral 7, de la Ley 76-02 del Código Penal Dominicano, pero al mismo tiempo que el caso se declare complejo. La Procuraduría tenía hasta las 2:00 de la madrugada de este martes para solicitar la imposición de medida preventiva.
Mediante el operativo denominado Antipulpo, la Pepca apresó a los hermanos Juan Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, así como a Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andújar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona.
El Ministerio Público determinó que el impetrante Juan Alexis Medina Sánchez dirigió una red criminal a nivel operativo, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente Danilo Medina, quien agotó dos períodos constitucionales entre 2012 y 2020.
Mediante el tráfico de influencias y las violaciones a múltiples leyes, los encartados crearon un millonario entramadoque les permitió beneficiarse de los fondos de los contribuyentes, al recibir pagos de miles de millones de pesos del Estado, mediante operaciones ilegales en las que utilizaron a personas físicas y jurídicas.
Las autoridades solicitaron la clausura temporal de las razones sociales de las empresas Domedical Supply SRL, Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL, General Medical Solution A.M. SRL, United Suppliers Corporations SRL, y otras.
