El presidente del movimiento Fuerza Colorá y dirigente reformista ingeniero, Manuel Alsina de Castro, dijo hoy que fue acertada la posición del Gobierno dominicano al rechazar el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de modificar la Constitución y dejar sin efecto sentencias dictadas por las altas cortes del país.

Sostuvo que la petición de la CIDH es una intromisión en la soberanía nacional y en el sistema judicial dominicano, lo cual “el país no puede tolerar”.

Sostuvo que este pedido es una “una monstruosidad que no puede ser aceptada bajo ningunas circunstancias”.

Señaló que los jueces del caso estaban prejuiciados contra República Dominicana.

Citó a Tracy Rofinson, de Jamaica, Rose Marie Belle Antoine, de Santa Cecilia, Trinidad y Tobago, Felipe González, de Chile, José de Jesús Orozco, de México, Rosa María Ortiz, de Paraguay, Paulo Vannuchi, de Brasil y James L. Cavallaro, de Estados Unidos

Dijo que con jueces como estos el país no podrá ganar ningún caso en la CIDH.

Planteó que hay que dar paso a otro sistema de derechos humanos que no sea manejado por grupos de intereses y gobiernos hegemónicos que quieren imponer que República Dominicana asuma los graves problemas de Haití.

Alsina de Castro dijo que la CIDH no tiene facultar para declarar inhábil la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y la ley que instituye el Plan Nacional de Regularización Migratoria porque son decisiones soberanas de los dominicanos.

Sostuvo que ese fallo es ilegítimo y atropella el principio de soberanía del Estado dominicano al pretender desconocer su Constitución política, a los poderes públicos y al orden jurídico interno.

Dijo que si el Gobierno hubiese aceptado ese absurdo fallo de la CIDH, el Estado dominicano no tendría ninguna autoridad para producir un ordenamiento migratorio conforme a su propia Constitución “y tendría que reconocer a todos los hijos de haitianos indocumentados, aun no residentes que nacieren en territorio nacional”.

Señaló que la CIDH no puede obligar al Estado a conceder o reconocer la nacionalidad dominicana a toda la descendencia haitiana que resulte de la migración ilegal.