BUENOS AIRES. (BBC Mundo).- La justicia de Argentina deberá decidir si acepta llevar a juicio los crímenes del franquismo cometidos en España.
Este miércoles dos familiares de víctimas de la Guerra Civil española, que residen en el país sudamericano, presentaron una querella por «genocidio y delitos de lesa humanidad» ante una corte de Buenos Aires.
La demanda busca que se juzgue los fusilamientos de tres ciudadanos españoles, pero también pide que se investiguen los crímenes ocurridos en España desde el alzamiento militar de Francisco Franco, en 1936, hasta la celebración de las elecciones democráticas, en 1977.
La querella es apoyada por algunas de las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas de Argentina, incluyendo las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y el Servicio de Paz y Justicia, presidido por el premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel.
La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, le dijo a BBC Mundo que la demanda busca saldar una deuda histórica que Argentina mantiene con el país ibérico.
Argentina teníamos las ‘leyes de impunidad’ que nos impedían juzgar a los responsables del genocidio durante el terrorismo de Estado», señaló, en alusión al régimen militar que estuvo en poder en Argentina entre 1976 y 1983.
Los querellantes piden que la Cámara Federal de Argentina aplique el principio de la «jurisdicción universal», que permitió a la justicia de España llevar a juicio a los responsables de los abusos durante los regimenes militares de Argentina y Chile.
Garzón
Carlotto afirmó que la iniciativa también es un apoyo tácito al juez español Baltasar Garzón, quien enfrenta en su país un juicio por prevaricato por presuntamente haberse excedido en sus competencias al investigar los crímenes del franquismo.
Como organismo de derechos humanos sentimos la necesidad de ser recíprocos con el pueblo español, que tanto nos ayudó
Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo
Según Garzón, por ser crímenes de lesa humanidad, quedan excluidos de la ley de amnistía aprobada por el Parlamento español en 1977.
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En cambio, para Manos Limpias, la organización de derecha que denunció a Garzón, esos abusos estaban cubiertos por la ley de 1977.
La amnistía perdonó a los responsables de crímenes políticos cometidos por ambos bandos y fue considerada una decisión necesaria para lograr una transición exitosa del régimen militar a la democracia en España.

