POR: Orlando Gómez Torres
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Ayer todas las entidades financieras de la República Dominicana iniciaron la aplicación de la Ley FATCA (Cumplimiento Impositivo de Cuentas en el Extranjero por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, y los usuarios de ese tipo de servicio que fueron a abrir nuevos productos que hayan sido identificados como personas estadounidenses o con indicios de serlo fueron llamados a llenar formularios emitidos por el colector tributario de esa nación.
Adicionalmente, el día anterior, la República Dominicana apareció en el listado de países que de forma inminente estarían firmando un acuerdo intergubernamental con la Hacienda de Estados Unidos para el intercambio de información de cuentas. La falta de información pública al respecto podría representar un enorme reto para todo el sistema financiero y en especial para sus clientes que podrían sentirse intimidados por los requerimientos adicionales de información que impone FATCA.
La Ley emitida en el 2010 salió dentro del esfuerzo legislativo de los Estados Unidos de crear estímulos económicos a través de la llamada HIRE Act, que en adición a buscar incentivar la creación de empleos luego del desplome financiero del 2008, con FATCA intentó cerrar la brecha fiscal que el manejo de cuentas secretas fuera de los Estados Unidos permitía a lo que ellos entendían eran evasores millonarios. Naturalmente, la ley ha tenido efectos no esperados, afectando de forma considerable a personas americanas que viven fuera de ese país y que no son exactamente “millonarios”.
Para las leyes tributarias de Estados Unidos una persona americana es cualquier ciudadano o residente de ese país, así como cualquier entidad constituida dentro de este, entre otras formas. A través de FATCA se obliga a toda entidad financiera a recabar la información de esas personas americanas y compartirlas con el Departamento de Hacienda.
Considerando que en la República Dominicana prevalece una cultura de conseguirse “los papeles” sea de ciudadanía o residencia estadounidense, y que en efecto muchos dominicanos tienen la doble ciudadanía o residencia, debe llamar sensiblemente la atención la poca información que las Autoridades Monetarias y Financieras así como las Superintendencias de muchos sectores regulados impactados por esa ley han dado al público en general al respecto.
Ese descuido mayúsculo obliga a los participantes en los distintos mercados impactados a asumir un rol mucho más activo en informar a sus clientes, muchos de los cuales, con sobradas razones, van a tener alta aversión ante estos nuevos requerimientos de información y su propósito.
Si su banco, puesto de bolsa, asociación de ahorros, compañía de seguro, etc. le pregunta sobre su ciudadanía o residencia de los Estados Unidos comprenda que esto resulta de la aplicación global de FATCA. Si usted tiene duda de si está impactado o como le afectaría facilitar dicha información no dude por un segundo buscar asesoría legal o tributaria con personas acreditadas para hacerlo bajo las leyes de los Estados Unidos. Lo importante es no asumir el proceso con temor y entender que ya, en efecto, FATCA ha comenzado y difícilmente sea revertido.