Al menos tres proyectos de gran trascendencia se bailotean en el Congreso Nacional con la intención aparente de convertirlos en leyes durante la legislatura extraordinaria que concluye el 15 de febrero, pero ninguno ha podido alcanzar el deseado consenso entre las fuerzas políticas representadas en ambas cámaras.
Se trata de la nueva ley de Régimen Electoral, Código Penal y el estatuto referido al fideicomiso público-privado, que por mucho tiempo navegan entre comisiones y plenos sin arribar a ninguna parte, quizás porque Gobierno y partidos envían señales difusas a sus legisladores con la intención de imponer designios.
La Junta Central Electoral (JCE) ha hecho todo lo posible para que esa ley sobre Régimen Electoral se apruebe sin mayores dificultades, pero temas relacionados con transfuguismo, voto electrónico y tope de financiamiento electoral impiden arribar a consenso.
Ya se sabe que el Tribunal Constitucional declaró nulo el artículo 99 de la actual Ley Electoral referido al voto electrónico y que el Tribunal Superior Electoral invalidó el artículo 134 de esa ley sobre transfuguismo, lo que obliga al liderazgo político a retomar vía de diálogo para identificar fórmulas de avenencia.
El Senado ha retomado el proyecto de nuevo Código Penal con la intención de que la comisión de justicia emita un informe favorable con la inclusión de modificaciones aprobadas en la Cámara de Diputados, a los fines de que sea convertido en ley.
Desde el litoral oficial se pretende conocer y aprobar esa pieza sin la inclusión de las tres causales en las cuales se permitiría el aborto, a lo que se opone la bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), razón más que suficiente para sospechar que ese proyecto retornará a su ataúd legislativo.
El estatuto sobre fideicomiso público-privado tendría posibilidades de sobrevivir porque la mayoría legislativa del Partido Revolucionario Moderno (PRM) lo declaró como ley ordinaria, por lo que podría ser aprobado por mayoría simple, aunque su destino seria el Tribunal Constitucional.
La percepción que alberga la ciudadanía es que la conjunción de intereses políticos y económicos convertiría el conocimiento de esos y otros proyectos de innegable relevancia en una especie de arroz con mango que se pretende cocinar a todo vapor en las dos semanas que restan de la legislatura extraordinaria.
