Punta Catalina, la central termoeléctrica que se construye en Baní, sufre el impacto directo del caso Odebrecht, al paralizar bancos europeos los desembolsos de recursos destinados al proyecto hasta que concluya el juicio penal por sobornos que la empresa constructora admite que distribuyó entre funcionarios, legisladores y empresarios.

La construcción de esa planta, a cargo del consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella, se inició en 2014 y su terminación se proyectaba para mediados de 2018, cuando aportaría unos 720 megavatios hora, pero es obvio que la ejecución de la obra sufrirá otro retraso.

El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara, define como razonable que los bancos paralicen desembolsos a causa del escándalo de soborno, con lo que implícitamente admite el traspié en la programación de construcción.

Ya antes, el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social (Bandes), de Brasil, paralizó un financiamiento en favor de ese proyecto a causa de los procesos judiciales incoados en ese país contra Odebrecht.

El proyecto Punta Catalina tendría un costo superior a los dos mil millones de dólares, de los cuales el Gobierno ha aportado unos US$1,300 millones, mientras el consorcio de bancos europeos había adelantado US$300 millones.

El Gobierno tendría que recurrir a una nueva emisión de bonos por unos 500 millones de dólares para concluir la central termoeléctrica, lo cual impactaría en el incremento del endeudamiento externo y en el encarecimiento del servicio de la deuda pública.

Se ha dicho que grupos empresariales y ambientalistas solicitaron ante la asamblea de accionistas de uno de esos bancos europeos suspender desembolsos a Punta Catalina, bajo el alegato de que contra la empresa constructora se ha incoado un caso penal y por el supuesto daño ambiental que causaría la termoeléctrica.

Punta Catalina constituye el proyecto de mayor importancia económica que ejecuta el Gobierno, pero también el de mayor impacto económico y social, por lo que su terminación debería plantearse como una cuestión de alta prioridad nacional. Así de sencillo.