El Gobierno tendrá que prestar atención a quejas como la enarbolada por empresarios españoles con relación a la corrupción y la inseguridad jurídica para evitar costosos daños a la imagen y el clima de inversiones en República Dominicana. A decir verdad, no es la primera vez que el país es colocado en las cuatro esquinas acusado de incumplir reglas de juego.

Los empresarios españoles que se han quejado de impagos millonarios, litigios, paralización de proyectos, inseguridad jurídica y todo tipo de corruptelas por parte de políticos, funcionarios y jueces no lo van a hacer por el simple hecho de dañar la imagen de una nación donde cuentan con una inversión de 3,434.7 millones de dólares. Es obvio que tienen que contar con elementos contundentes, amén de que se trata del tercer socio comercial, después de Estados Unidos y Canadá.

No es ningún consuelo alegar que República Dominicana no es la única que ha tenido problemas para saldar sus deudas o haya sido permeada por la corrupción. El grito de inversionistas que controlan en su mayor parte un sector como el turismo es para que el presidente Danilo Medina ordene un examen riguroso, con garantía de actuar en consecuencias, frente a cada uno de los casos que se han expuesto. Porque este país no se puede permitir el lujo de que por impunidad, un mal muchas veces denunciado, la corrupción y la inseguridad jurídica restrinjan o espanten la inversión extranjera.

El conflicto con Codacsa, una firma de capital mayoritariamente español, que también cuenta con accionistas estadounidenses, tiene que resolverse. La empresa ha denunciado que el Gobierno no sólo rehúsa honrar el laudo arbitral que lo condenó a indemnizarla con 45.7 millones de euros por despojarla de un contrato, sino que se le han incautado sus equipos y bienes.

Para la actual Administración se trata de un caso engorroso. Pero no tiene más que actuar, sobre todo para enviar una imagen de seguridad y confianza al extranjero. El lío con Codacsa, que ha motivado la intervención del embajador de Estados Unidos, Raúl Yzaguirre, tiene mucho que ver con los supuestos obstáculos que afectan la inversión foránea que se han denunciado. Aún se trate sólo de un mecanismo de presión, no se puede ignorar que hace su daño.

La corrupción, la inseguridad jurídica y la morosidad son una herencia funesta, que las actuales autoridades tendrán que enfrentar con decisión y coraje para restaurar la confianza y atraer la inversión extranjera. Se trata de uno de los retos que también tiene el Gobierno de Medina.