La Cámara de Cuentas emplazó al Colegio de Abogados para auditar la entidad sobre la base de que administra recursos públicos.

Pero el presidente del gremio, Miguel Surún Hernández, alega que el organismo no tiene facultad para el examen que se propone, dado que sus funciones se limitan a asesorar, acompañar y fiscalizar, pero no a auditar porque el gremio ni administra ni recibe fondos públicos.

Al rechazar el plazo, Surún Hernández declaró que el Card se desempeña con eficiencia y transparencia. Ambas entidades se han amparado en la ley para justificar sus acciones.

La Cámara de Cuentas se basa en varias leyes para auditar el gremio de los abogados, que también se apoya en otras para restarle facultades al organismo. Pudiera pensarse que si las operaciones del Card son tan transparentes como alega su presidente no hay problema con que se efectúe la auditoría.

Pero resulta que el gremio estima que se trata de una violación de la Constitución y las leyes por la supuesta falta de facultad del organismo, que su presidente Janel Ramírez niega, para el examen financiero. El conflicto, que no deja de ser interesante, parece que tendrá que dilucidarse en los tribunales.

Pero hay que advertir que no basta con que el Card defienda sus operaciones. Lo mismo da que la auditoría de sus recursos la efectúe la Cámara de Cuentas como cualquier firma privada.

Sin embargo, Surún Hernández ve que con la intervención de la Cámara de Cuentas se viola la Constitución y las leyes. El caso es complejo.