Las auditorías de la Cámara de Cuentas que revelan alarmantes irregularidades financieras en los ministerios de Hacienda e Industria y Comercio, así como en el Inaipi, en el período 2016-20, se prestan a muchas interrogantes.
Los supuestos escándalos se habían investigado casi desde los mismos inicios de la designación de la actual procuradora Yeni Berenice Reynoso como directora de Persecución, pero el proceso cayó en una suerte de limbo.
El actual ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, había denunciado alegadas anomalías en las operaciones con el Banco de Reservas para adquirir el actual edificio de la entidad, sin que se tomara ninguna decisión.
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Salen ahora a relucir con la instalación de nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, lo que plantea que los exámenes habían sido bloqueados o retenidos por el organismo.
Pero si las auditorías que revelan supuestas irregularidades solo en Hacienda por más de 41 mil millones de pesos eran necesarias para la intervención del Ministerio Público se supone que no habría pretextos.
A pesar de las conjeturas las supuestas irregularidades tienen que aclararse, por el bien del patrimonio público.
El Nacional
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