La obstrucción de aceras y espacios públicos ocupados por vehículos o negocios constituye una de las expresiones más crudas del desorden y la anarquía que afecta al Gran Santo Domingo y a la mayoría de los municipios de la República, donde no se respeta la ley ni hay quien la haga respetar.

Sobre pasos peatonales se improvisan estacionamientos, talleres, expendios de comida, tiendas y negocios de todo tipo que también ocupan ambos laterales de calles y avenidas en zonas céntricas, barrios populares o sectores residenciales, sin que ninguna autoridad se digne afrontar el expandido caos.

Choferes y conductores no hacen caso a los letreros que prohíben estacionamiento de vehículos en vías de gran congestionamiento o que requieren de rápido flujo del tránsito en ambas direcciones, pero pocas veces se observa que los vehículos son removidos del lugar y sus propietarios sancionados de conformidad con la ley.

El paso de peatones y tránsito de vehículos se dificultan a la entrada o salida de la ciudad porque las aceras están invadidas por tarantines o improvisadas paradas de guaguas y carros públicos, lo que obliga al ciudadano a literalmente tirarse al medio de la calle para poder transitar, como ocurre en las autopistas Sánchez, Duarte y 6 de Noviembre.

Como para que no haya dudas de que aquí impera el desorden y de que no hay voluntad para imponer la ley, dueños de tiendas de licores, colmados y otros negocios han tomado para sí el control de las aceras, las que usan como estacionamiento exclusivo con previa señalización.

Duele decirlo, pero el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago y otros municipios han sido convertidos en grandes arrabales, con el secuestro para uso y disfrute de particulares de la mayoría de sus aceras, vías peatonales y espacios públicos, al extremo que el desorden colida en vecindad con el Palacio Nacional y las sedes centrales del Congreso, Policía, Suprema Corte, Ayuntamiento y Amet.

Lo que se reclama es que las autoridades cumplan con su obligación de hacer cumplir la ley de Tránsito y las ordenanzas municipales, y que cesen los privilegios o la indiferencia que consolidan este deprimente escenario de desorden, porque a los munícipes les asiste derecho a usar libremente las aceras y vías peatonales.

La Policía, Ayuntamientos y tribunales municipales tienen el reto de enfrentar el generalizado estado de anarquía para recuperar los espacios públicos, ordenar el tránsito y restablecer el imperio de la ley para que el entorno urbano, hoy convertido en infierno, se vuelva siquiera respirable.