Santo Domingo.– El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, anunció este viernes en el Palacio Nacional los detalles de la Ley núm. 82-25, promulgada el 7 de agosto, la cual establece un marco normativo moderno y unificado para el régimen del Bien de Familia.

La nueva legislación libera de la condición de bien de familia a los inmuebles incluidos en el Plan Nacional de Titulación de Terrenos del Estado, eliminando así el impedimento de libre disposición. Con esta medida, miles de familias dominicanas podrán acceder con mayor facilidad a créditos formales, utilizando sus propiedades como garantía.

La Ley 82-25 moderniza el régimen del Bien de Familia en República Dominicana

“Con esta normativa fortalecemos la protección de la vivienda fomentada por el Estado, brindando seguridad a las familias de que su hogar no podrá ser embargado ni vendido en contra de su voluntad, mientras facilitamos un régimen más ágil y moderno para quienes recibieron títulos de terrenos públicos”, destacó Paliza.

El director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez, subrayó que la ley es fruto de un esfuerzo coordinado que “unifica criterios y procedimientos, elimina trabas innecesarias y aporta mayor claridad y seguridad jurídica a las familias sobre sus propiedades”.

La normativa mantiene la protección de los inmuebles construidos con fondos públicos como parte de planes de mejoramiento social, proyectos de bajo costo o programas de financiamiento estatal, asegurando que estas viviendas no puedan ser vendidas ni embargadas.

En tanto, el director de Bienes Nacionales, Rafael Burgos, resaltó que la ley permitirá que los propietarios y sus descendientes dispongan de títulos de propiedad como respaldo económico ante situaciones críticas.

El acto contó con la presencia del ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el senador Cristóbal Castillo; el viceministro Roger Pujols y otras autoridades, quienes respaldaron la trascendencia de esta reforma legal.

Con la entrada en vigor de la Ley 82-25, el Gobierno busca equilibrar la protección de la vivienda familiar con la creación de oportunidades de desarrollo económico, ofreciendo a las familias dominicanas mecanismos más flexibles y seguros para gestionar su patrimonio.