Al Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís se le situaba como ejemplo del Nuevo Modelo Penitenciario, recinto que dispondría de un protocolo de actuación para casos de intento de fuga, que obviamente no incluiría ejecución de reclusos, como ocurrió el viernes cuando agentes ultimaron a tres de cinco internos que intentaron fugarse.

Un vídeo que circula en las redes sociales muestra el momento en que agentes le disparan en las piernas al recluso Angel Oscar Arguelles Barnes, cuando ya estaba bajo control de las autoridades y quien murió a causa de las heridas de bala.

Lo menos que puede decirse es que los agentes penitenciarios que actuaron en el caso de intento de fuga de cinco reclusos lo hicieron en forma desproporcionada, al ultimar a balazos a tres de los internos que intentaron escapar de ese recinto.

El procurador general, Jean Alain Rodríguez, ha dispuesto una investigación en torno a tan bochornoso y trágico suceso que pone al desnudo las graves deficiencias que padece el mentado Nuevo Modelo Penitenciario, que al parecer no cumple con su rol de rehabilitar a los recursos o internos.

Una sociedad indignada reclama que los responsables de esas ejecuciones sean sometidos a la justicia y que se revise a profundidad el sistema penitenciario a los fines de identificar las evidentes y graves falencias que padece.

Más les vale

De tanto desandar alrededor del proyecto de Ley de Partidos y agrupaciones políticas, el Gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana han quedado atrapados en sus propias redes, compelidos ahora a salvar esa iniciativa o aceptar que fueron sus sepultureros.

Lo que comenzó como una pugna entre sectores divergentes al interior del PLD, hoy se convierte en un potencial peligro para la democracia y la gobernabilidad, como sería si ese proyecto sucumbe o si la ley no llena las expectativas ciudadanas.

Ojalá que Gobierno y la dirección del PLD permitan que por la chimenea del Congreso salga humo blanco en anuncio de un acuerdo definitivo sobre la Ley de Partidos, por propio bien y por la salud de la democracia.