Gobierno y oposición han mostrado incapacidad o desgano en su obligación de transitar por el camino del diálogo y la concertación política, lo que ha motivado que los temas insertos en la agenda de urgencias nacionales se vuelvan insolubles o se agraven.

El bloque opositor centra sus esfuerzos en impedir que el partido oficial, que controla la mayoría congresual, imponga su hegemonía en la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) y del Tribunal Superior Electoral (TSE), como si ese fuera el único motivo para hablar o pelear.

No se percibe interés en discutir asuntos de gran relevancia como el pacto eléctrico, el proyecto de Presupuesto General del Estado o lo relacionado con la fiscalidad, porque todos los caminos parecen conducir hacia el tema precitado.

Es claro que el Gobierno aprovecha la visión monopólica de la oposición para disponer a su mejor criterio de iniciativas de gran trascendencia económica, política o sociales, o para archivar otras, sin que se exprese ningún contrapeso de la oposición política.

En ese litoral se considera que con una marcha y una misa basta para advertir que se avecina una crisis institucional y de gobernanza, si el Congreso aplica mayoría mecánica en la escogencia de jueces electorales, como si los deseos se confundiesen con la realidad.

La verdad es que el bloque opositor nunca debió abandonar el escenario del diálogo, no sin razones válidas, porque es impropio que la cabeza se caliente más que el corazón, sin observar la regla de oro de combatir con razón, con ventaja y sin sobrepasarse.
Al partido oficial no parece interesarle un tipo de confrontación a vida o muerte como la que plantea la oposición, que dispara todas sus municiones en una sola dirección, por lo que se requiere un alto al fuego de salvas y retornar al diálogo.

Lo que se reclama es que Gobierno, partido oficial y oposición asuman el compromiso de dialogar en un plano de responsabilidad, respeto y de gran compromiso cívico sobre los asuntos básicos de la agenda nacional, en el entendido de que la nación ha de estar por encima de cualquier tipo de interés político, económico o corporativo.