El Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) depositó este lunes en el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de la Policía Nacional, por constituirse en un atentado contra los derechos laborales de los agentes policiales, reduciendo significativamente los beneficios que percibían.

La acción legal fue depositada por Miguel Surún Hernández, presidente del gremio y miembros de la junta directiva del gremio del CARD.

Surún Hernández dijo que los artículos atacados con la acción legal por ser contrarias a la Constitución, son los 153 numerales 2, 4, 20, 24, 25, 26 y 27, que sanciona y califica como falta grave el ejercicio del derecho de los policías.

Además están los artículos 40, 41, 58, 62, 69 83, 169, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 al 139 y 141 que vulneran los derechos adquiridos por los agentes del orden, el principio constitucional de progresividad de la Norma Laboral, la racionalidad, justeza y utilidad de la ley.

Agregó que dicha Ley ha tornado casi imposible el sistema de ascensos, el cual continuará a merced del tráfico de influencias, con muy poca o ninguna incidencia del merito, en perjuicio de la calidad del servicio de seguridad de todos.

“Dicha Ley es inconstitucional por constituir no solo un retroceso, sino un atentado contra los derechos adquiridos de los policías, que ahora tienen que esperar muchos más años para jubilarse, jubilación que dependerá de la benevolencia del Director de la Policía Nacional”, expuso el presidente del CARD.

Además precisa que la Ley aniquila el derecho que tienen los abogados policías de ejercer la profesión de la abogacía lo que viola la Carta Magna y pactos internacionales en materia de derecho de trabajo que consagran que toda legislación debe ser progresiva a favor de los trabajadores, situación que afectaría a más de ocho mil policías abogados.

Recordó que maltratando a los agentes policiales y empeorando sus condiciones laborales, no podrá haber una lucha efectiva contra la criminalidad, por lo que se hace necesario y fundamental que Tribunal Constitucional intervenga enmendando partes de la Ley.