Los terrenos del CEA

Señor director:

El procurador general de la República debe accionar en justicia para que también el Estado pueda recuperar más de 2 millones de tareas del CEA que son parte del patrimonio público que han sido vendidas y arrendadas de forma oscura a políticos, empresarios, militares, funcionarios y relacionados de los administradores de esa entidad estatal en franca violación a las leyes y la constitución.

En el programa Nuria en el 9, en una investigación sobre las ventas de las tierras del CEA y el pago a los artistas contratados para promover en San Pedro de Macorís con fines políticos al Director del CEA y Jefe de la Inmobiliaria.

También se pudo comprobar en el programa de televisión producido por la destacada periodista Nuria Piera, que de las 22 mil tareas que formaban parte de las Colonias Ureka y Regajo ubicadas en el Municipio de Pedro Santana de la Provincia de San Pedro de Macorís que eran propiedad del CEA, que en menos de un año, al decir de los habitantes de esas comunidades se han vendido a funcionarios, militares, políticos, amigos y familiares de los funcionarios del CEA, pudiéndose observar en la pantalla chica cómo los nuevos dueños de las tierras ya la han cercado y con los equipos del Estado o sea del INDRI han construidos a estos “propietarios privados” Seis (6) pozos tubulares, mientras en el Batey Nuevo, perteneciente a la Colonia Ureka la gente de esa comunidad lleva más de tres meses sin agua por falta de una bomba eléctrica.

Más de 2 millones de tareas de tierras propiedad del Consejo Estatal del Azúcar en los últimos 8 años han sido vendidas, repartidas y arrendadas de forma irregular ya que la Ley 141/97 de la Capitalización de esa empresa estatal prohíbe o no contempla la venta y reparto de estas tierras, lo que por igual la Ley 19, la Ley 66 que crea el Consejo Estatal del Azúcar y la propia Constitución de la República, lo cual ante la forma alegre y descarada de cómo se ha despojado al Estado Dominicano de ese importante patrimonio obliga al Procurador General de la República solicitar una auditoría patrimonial a la Cámara de Cuentas y que se determine la legalidad de estos negocios para con ello proceder a la Nulidad de las operaciones y transacciones que se hayan producido con estas tierras que sean contrarias a nuestras leyes y con ello establecer responsabilidades penales.

Atentamente,

Lic. José Guzmán

Vice-Presidente CNDH.