Plan de Regularización

Señor director:

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Las entidades firmantes quieren llamar la atención sobre el hecho de que las normas del debido proceso es materia constitucional en República Dominicana y deben observarse en materia, judicial o administrativa. De hecho al no recibir respuestas oportunas, las personas que acuden al Plan no han podido ejercer recursos impugnatorios que establece el ordenamiento jurídico del país y sobre todo el recurso establecido en el decreto 327-13 en su artículo 35, para expresar su inconformidad con una determinada decisión.

Boicot de las autoridades a la aplicación de la ley 169-14. Por otro lado la Red de Encuentro Domínico Haitiano Jacques Viau y la Mesa Nacional para Migrantes y Refugiados, denunciamos que al cumplir un año desde la adopción de la Ley 169-14 por parte del Congreso Nacional, la cual ordenó a la Junta Central Electoral (JCE) la entrega de los documentos de identidad que habían sido retenidos a los ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana, esta ley no ha sido ejecutada.

En el transcurso de este año hemos observado múltiples obstáculos para el cumplimiento de la misma, dentro de los cuales cabe destacar la negativa de devolver el acceso a los documentos por parte de la JCE. Podemos sin temor a equivocarnos, decir que esta entidad del Estado tiene su propia y particular agenda, la cual no está orientada a devolverle los documentos de identidad a las personas que han sido afectadas por acciones directa de los más altos responsables de la JCE.

La JCE está inmersa en un proceso de auditoría del cual nadie conoce su real objetivo, costos o procedimientos. En esta auditoría se están atribuyendo nuevas categorías de registro: “regularizado”, “transcrito” y “transcrito y regularizado”. La JCE no ha dado una explicación convincente del significado legal de los libros de transcripciones, hacia donde están segregando la inmensa mayoría de los ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana que han sido “desnacionalizados” y de hecho transformados en apátridas en su propio país.

Llama también la atención el bloqueo de documentos a ciudadanos que, a pesar de tener su nueva cédula de identidad y electoral , no figuran en el sistema, lo que implica que miles de dominicanos al día de hoy están impedidos de ejercer el voto u optar por cargos políticos en representación de sus comunidades en las venideras elecciones del año 2016.

Atentamente,

Red de Encuentro Dominico-Haitiano, Mesa Nacional para Migrantes y

Jacques Viau Refugiados