Libertinaje

Señor director:
Con frecuencia las personas que residen en Monta Plata, Yamasá, Sabana Grande de Boyá y otras comunidades de la región pasan por la tormentosa situación de verse impedidas de llegar a sus lugares de estudios y de trabajo en en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo, a causa de los desórdenes en el lugar llamado Punta, de Villa Mella.

Grupos de mozalbetes, con piedras, palos y tubos, obligan a los viajeros a retornar a sus hogares y a tomar otra ruta para llegar a sus lugares de destino dando una enorme vuelta por La Victoria, o por la autopista de circunvalación de Santo Domingo, para salir por Haina.

Creemos que nadie tiene derecho a obstaculizar el libre tránsito en las vías públicas, pero más que eso, nadie tiene derecho a proclamarse autoridad, como lo hacen los residentes en Punta, no importa el motivo por el cual se tomen esas atribuciones.

Entendemos también, que las autoridades, especialmente la Policía Nacional deben cumplir el rol para el cual fueron creadas, como es garantizar la tranquilidad y la paz de los ciudadanos y no permitir las alteraciones del orden público.

No sabemos quién o quiénes apadrinan esas protestas que rayan en el libertinaje, y que en muchos casos terminan con vehículos atacados a pedradas y a botellazos, y gente humilde con golpes y heridas.

El mayor general Nelson Peguero Paredes, jefe de la Policía Nacional, debe anotar los constantes incidentes en Punta, en Villa Mella y actuar en consecuencia para tranquilidad de quienes deben circular por esa vía para acudir a sus lugares de trabajo y de estudios.

Nadie es responsable de que en Punta no exista un adecuado suministro de agua potable, o que las calles estén en mal estado, o que el servicio de electricidad sea deficiente, como ocurre en casi todo el territorio nacional.

Con agresiones a personas inocentes los moradores de Punta no lograrán que sus demandas sean atendidas por las autoridades. Tampoco lograrán el apoyo de otros ciudadanos, si éstos son obstaculizados en sus labores diarias sin ninguna razón que justifique tal acción. Pero lo más indignante es que las autoridades no intervengan con la prontitud que tales acciones ameritan para tranquilidad de todos.

Atentamente.

Juana Manzueta

Yamasá, Monte Plata