La auditoría de la Cámara de Cuentas a la Junta Central Electoral (JCE) determinó que esta institución presenta un adecuado control administrativo y financiero.

Sin embargo, recomiendan eliminar debilidades administrativas como que no reclaman a los proveedores el pago de impuestos a la DGII; que con las edificaciones e inmuebles adquiridos por 44 millones de pesos no se han hecho las transferencias de propiedad, y de crear un sistema de contabilidad patrimonial.

La Junta presenta una estructura de control interno en el orden de normativas institucional internas, de procedimientos administrativos y financieros, así como una estructura de supervisión y monitoreo, razonables a las expectativas de un adecuado control y solo se destacan algunas áreas específicas que requieren ser mejoradas y que han sido expuestas en este informe que incluye sus respectivas recomendaciones, indica la conclusión.

La auditoría fue practicada del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, por los auditores de la Cámara de Cuenta, Jorge E. Ventura Diloné (CPA), director general de auditoría, y Kennedy Fernández (CPA), supervisor de equipos, quienes presentaron su opinión favorable el 12 de mayo de 2009, pero hasta la fecha no ha sido dada a conocer por su presidenta, la doctora Licelot Marte de Barrios.

Los auditores opinaron que la ejecución presupuestaria y los saldos de ingresos y gastos ejecutados en la Junta están razonablemente hechos de conformidad con las leyes y normas de contabilidad aplicables al sector público por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y está fundamentada en las normas internacionales de información financiera.

La auditoría, filtrada a El Nacional, explica que en cuanto al estado financiero, la JCE obtuvo ingresos por encima de tres mil millones de pesos, de los cuales el 88% en gastos corrientes se debió al componente de gatos electorales, como consecuencia del montaje de las elecciones presidenciales y vicepresidenciales de 2008.

Dice que en los ingresos de la JCE no incluye la subvención del Estado a los partidos políticos ascendentes a mil 602.9 millones de pesos.

Asimismo, establece que la JCE dispone de la estructura administrativa que requiere la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones y su Reglamento de aplicación 490-07, de una Comisión de Licitaciones y de Comparación de Precios, así como de controles internos para esta área que son razonables a la expectativa de un adecuado control.

Sin embargo, agrega la opinión de los auditores de la Cámara de Cuentas, que durante el proceso de análisis se verifican algunos aspectos en los controles generales y otros referentes a la aplicación de las retenciones de ley que requieren ser corregidos para lograr un proceso de compras más efectivo y seguro, como es la de requerir la certificación de la DGII, donde haga constar que se encuentra al día en el pago de impuestos.

Recomendaron a la Dirección financiera y de auditoría interna formular procedimientos o mecanismos de control que garanticen el depósito bancario realizado por las diferentes dependencias de la JCE y que puedan ser cotejados por la Tesorería en la fecha realizados.

Otra recomendación es instruir a la Dirección Administrativa para que se proceda a la realización de un inventario físico de los activos fijos para cotejar su existencia y ubicación, así como otras informaciones relacionadas con éstos.

Un apunte

Recomienda controles

Recomendaron a la JCE mecanismos de control para monitorear si la publicidad contratada es pasada y los parámetros aplicados en las tarifas pagadas y crear un sistema de contabilidad patrimonial que permita registrar las transacciones producto de todos los eventos económicos.