Washington. EFE. Desde los ataques terroristas de 2001 la «seguridad nacional» de Estados Unidos se ha convertido en una industria de la que depende cada vez más el Gobierno para sus operaciones de espionaje y antiterrorismo, según The Washington Post.

En el segundo de tres artículos en una serie que es resultado de dos años de investigación periodística, el Post informa hoy de que la ley federal establece que los contratistas privados no pueden «desempeñar funciones que son inherentes al Gobierno».

«Pero lo hacen, todo el tiempo y en todas las agencias de inteligencia y antiterrorismo», añade.

«Lo que comenzó como una solución temporal en respuesta a los ataques terroristas se ha convertido en una dependencia que pone en duda si la fuerza laboral del Gobierno incluye a demasiadas personas que responden a los accionistas de sus empresas más que al interés público, y si el Gobierno todavía controla sus actividades más delicadas», continúa.

Tanto el jefe del Pentágono, Robert Gates, como el director de la Agencia Central de Información (CIA), Leon Panetta, expresaron al Post esas preocupaciones durante entrevistas la semana pasada.

El primer artículo de la serie, publicado el lunes, describió el enorme crecimiento del presupuesto, personal, número de agencias y labores de los servicios de espionaje, análisis de inteligencia y operaciones clandestinas desde los ataques terroristas de septiembre de 2001.

La investigación del Post revela lo que representa una geografía alternativa de Estados Unidos, un «EEUU secreto máximo» oculto del escrutinio público, que carece de supervisión y tan complejo que es imposible determinar su eficacia», según el diario.

También es un sistema en el que los contratistas privados «desempeñan un papel cada vez más importante», agrega.

El Post calcula que de las más de 854.000 personas que tienen acceso a la información más secreta y están involucradas en operaciones secretas, unas 255.000 son contratados privados.

El gobierno del presidente George W. Bush y el Congreso, entonces con mayoría republicana, facilitaron desde 2001 el proceso para que la CIA y otras agencias involucradas en la «seguridad nacional» emplearan empresas privadas más que empleados públicos.