La solidaridad exhibida por la República dominicana con Haití en el 2010, con motivo del terremoto que devastó a Puerto Príncipe, es incuestionable. Nadie cuestiona, además, el carácter soberano de nuestro país y el derecho que le asiste a elaborar sus propias leyes, entre ellas las migratorias.

Pero el Estado Dominicano no puede obviar que es signatario de una serie de organismos internacionales, que en estos momentos levantan su voz de alarma ante una sentencia del TC que interpreta erróneamente los conceptos “tránsito” e “irretroactividad de las leyes” para vulnerar derechos humanos elementales de millares de dominicanos de ascendencia haitiana.

Y si la sentencia está basada en “argumentos” que violentan leyes dominicanas, lo que procede es la enmienda y no la distorsión de datos inherentes al registro de extranjería ni estar a diario observando que nuestras autoridades no están practicando deportaciones de haitianos ilegales. No se trata de eso.

De lo que se trata es de no aferrarse, de forma arrogante y desafiante, a una sentencia plagada de vicios jurídicos, con lo que se le concede pretextos –en caso de que finalmente llegue a esos niveles– a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para la emisión de una sentencia sancionadora.

Las repercusiones podrían ser más severas de lo que muchos imaginan. Las posibilidades de entrar al Caricom podrían esfumarse y el país se expone a ser excluido de los beneficios de Petrocaribe, si partimos de lo irritante que ha resultado la sentencia en muchas islas caribeñas y al énfasis especial que muestra Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, sobre la problemática.

Se impone, humildemente, la rectificación. De no hacerlo, las autoridades dominicanas son las únicas responsables de las consecuencias. Que no se busque luego chivos expiatorios, acusando a todos aquellos que pusimos objeción a esa ignominia, a Participación Ciudadana y a otras entidades y personalidades de la sociedad civil.

Danilo Cruz Pichardo
d_cruzpi@hotmail.com