Bastó que en medio de una coyuntura muy propicia el presidente Luis Abinader ordenara el cierre de la frontera con Dajabón para que los haitianos captaran el mensaje en el acto al clausurar por cuenta propia la canalización del río Masacre.

No se establecieron las razones por las cuales se impidió el cruce fronterizo, pero en el vecino país no tardó en intuirse que había sido por el caso del Masacre.

Lo mismo se piensa por aquí. Es más lo que pierden al no poder abastecerse ni mercadear sus productos en el mercado binacional de la ciudad fronteriza que lo que ganarían en un conflicto por un canal, por demás privado.

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Con la decisión el pueblo haitiano ofrece más sentido de muestras de sensatez que las propias autoridades de su país, aunque estas se comprometieran a resolver el problema del canal.

Con el mismo valor que han tenido para enfrentar a las pandillas criminales la población de Juana Méndez ha preferido evitar un conflicto con el país que más ha contribuido con su subsistencia.

Además de que, como señaló la Cancillería dominicana, se trata de una obra ilegal, que viola distintos tratados entre los dos países.

Al margen de cualquier consideración el cierre de la toma de agua indica que antes que una crisis el pueblo haitiano prefiere la armonía con República Dominicana.

El Gobierno haitiano tiene ahora la última palabra sobre la decisión de sus ciudadanos en torno a la conflictiva obra de regadío.