Fiscalía Santiago
SANTO DOMINGO.- El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso medidas de coerción a siete de los imputados arrestados en la Operación Discovery 3.0, proceso mediante el cual fue desmantelada una estructura criminal dedicada a estafas internacionales.
Tal como solicitó el Ministerio Público, el tribunal dictó prisión preventiva, revisable cada tres meses, contra uno de los cabecillas de la red, Bernardo Taveras Vélez, quien cumplirá la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, en Santiago.
En el caso de Jesús Manuel Castaños Colón, también señalado como líder de la estructura y a quien el tribunal atribuyó una activa participación en los hechos, se dispuso arresto domiciliario con grilletes electrónicos e impedimento de salida del país, debido a razones de salud.
Siete imputados recibieron medidas de coerción tras desmantelar una red de estafas internacionales en Santiago
El juez declaró el proceso de tramitación compleja y resaltó la cooperación internacional con organismos de Estados Unidos. Además, otorgó al Ministerio Público un plazo de ocho meses para presentar la acusación formal.
Respecto a los imputados Juan Luis Naranjo Gómez, Adderly Antonio Polanco Báez, José Ramón López Tavárez y Luis Eduardo Méndez Ureña, el tribunal valoró su colaboración con las autoridades y ordenó arresto domiciliario, conforme a la petición del órgano persecutor.
De igual forma, acogió la solicitud contra Gipsy Pamela Castaños García, a quien le fue impuesta una garantía económica de 500 mil pesos a través de una aseguradora.
Durante la audiencia, la jueza subrayó que el delito de lavado de activos no se limita a una acción directa, sino que también puede cometerse por omisión, en aquellos casos en que los procesados no pudieron justificar el origen de los recursos reflejados en sus estados financieros.
En el marco de la Operación Discovery 3.0 también fueron arrestados Oscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez (alias Paflow), Joel Francisco Mathilda León y Edward José Puello, quienes, en una audiencia en la Suprema Corte de Justicia, aceptaron voluntariamente su extradición a Estados Unidos. Allí enfrentarán cargos relacionados con la estructura delictiva, que operaba principalmente contra personas de avanzada edad.
