Cójanlo

Es verdad que se habían dado casos de delincuentes excluidos de expedientes sin ningún tipo de justificación. Pero en modo alguno podía atribuirse la práctica a un siniestro negocio que operaban representantes del Ministerio Público. El escándalo sobre las exclusiones de acusados o el somiento sin base de sustentación ha salido a relucir tras una investigación realizaba por El Caribe. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adoco) confirmaron que la práctica, sobre la que el procurador general de la República ha ordenado una investigación, es un secreto voces. La Adoco incluso dice que en la provincia Santo Domingo, La Altagracia y San Cristóbal impera un sistema tarifario a cargo de fiscales para resolver problemas judiciales. Ahora puede entenderse con más claridad el porqué muchos fiscales dejaban morir casos o la emprendían contra jueces cada vez que la opinión pública se indignaba con algún fallo. Los datos aportados por Adoco y por Finjus constituyen un desafío para la investigación dispuesta por el procurador Radhamés Jiménez Peña sobre la corrupción en el Ministerio Público.