El jefe de la Policía Militar Electoral, general Napoleón Terrero, ha agregado otro capítulo a la asombrosa denuncia sobre la supuesta trama para atentar contra las elecciones. Novelar el caso para sustentar la aseveración del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, puede terminar por desacreditarla. Los detalles de que ahora ha dado cuenta el general Terrero no son un asunto de opinión pública, sino de los tribunales. Tanto las declaraciones de Rosario como el aval del jefe de la Policía Militar Electoral contienen un evidente tono acusatorio contra militares retirados, vinculados a la oposición, que más bien genera suspicacia. Lo que sí se ha comprobado es la represión de militares contra opositores. Si en las elecciones operaron paramilitares con el propósito de incidentarlas, no cabe la menor duda de que se está ante una conspiración contra el orden público y la seguridad. Una acción de tal naturaleza no puede reducirse a una suerte de novela. El presidente de la JCE compromete su credibilidad de no apoderar a los tribunales y conformarse únicamente con ofrecer a la opinión pública detalles de la supuesta trama.
