Más allá de la polémica entre el director de la Pastoral Penitenciaria y el ministro de Salud Pública debe investigarse sobre el real impacto del cólera y otras enfermedades en las cárceles. El problema no se reduce a los epítetos que han intercambiado fray Arístides Jiménez y Bautista Rojas Gómez, sino que debe determinarse la veracidad de las denuncias que han motivado la polémica. Jiménez denunció que en el penal de La Victoria han muerto 9 presos a causa de cólera y que más de 200 están afectados por la enfermedad, además de que el ministro de Salud Públicó amenaza a los médicos para que oculten el malestar. Pero Rojas Gómez no sólo ha negado la denuncia, sino que calificó al religioso de alarmista y mentiroso. La única forma de establecer la verdad es a través de una investigación a cargo de una comisión mixta. Con lo mucho que la Procuraduría General de la República pondera el sistema penitenciario y los logros en materia de rehabilitación, la pesquisa se torna más pertinente. Jiménez insiste que en La Victoria han muerto nueve presos víctimas de cólera, pero que en los reportes médicos han consignado la causa como ameba crónica.
