Al definir las interceptaciones telefónicas como una amenaza para las libertades individuales, el procurador general de la República, Francisco Domínguez, asume un desafiante compromiso contra esa censurable práctica. Porque son muchos los escándalos denunciados que, pese a su dimensión, no han sido aclarados. Si bien algunos procesos no han prosperado otros están impunes.
Domínguez Brito reconoce que las interceptaciones telefónicas son utilizadas normalmente para chantajes o extorsión en cuestiones como las relaciones de pareja, comerciales o industriales. Pero también con perversos fines políticos.
De no hacer los señalamientos para conectar con la audiencia, el procurador Domínguez Brito tiene el reto de sustentar su tesis con acciones concretas contra el atentado a la libertad individual que dijo representan las interceptaciones telefónicas. Lo que se ha visto es que las violaciones de la intimidad a través de la censurable práctica se realizan sin mandato legal y sin otros fines que los expuestos por el propio representante del Ministerio Público. Pero como si se contara con impunidad.
