Cójanlo

La Junta Central Electoral (JCE) y las organizaciones que defienden a inmigrantes y descendientes de haitianos tienen lo que se llama un pleito casado. En tanto la JCE apela las sentencias de tribunales de San Pedro de Macorís y El Seibo que la obligan a documentar a domínico-haitianos, abogados del movimiento “Reconocidos” y del Centro Bonó la acusan de  dirigir una cacería para despojar de su nacionalidad a descendientes de inmigrantes de la vecina nación. Por más vuelta que se le dé no se entiende la reticencia de la JCE para proporcionar actas de nacimiento y la cédula de identidad y electoral a descendientes de haitianos. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia en que  se apoya para no cedular a domínico-haitianos tampoco justifica, en  caso de que se amparara en la Constitución,  tanta renuencia. La impresión que a veces se tiene es de que la oposición responde a intereses no propiamente legales, sino de otra índole. Máxime porque va en la misma onda de la posición que tiene al respecto la Dirección General de Migración. La hostilidad es lo que ha dado lugar a que se vuelva al banquillo de los acusados, con árbitros no nacionales.