Cada día se pone más de de manifiesto que el imperio de la ley es una utopía, por lo difícil que resulta hacerla cumplir en una nación como República Dominicana. Como ejemplo bastan las dificultades que ha encontrado la directora del Instituto Nacional de Protección al Consumidor (Proconsumidor), Altagracia Paulino, para que se respeten los mandatos institucionales. Son tan escabrosas las dificultades que con frecuencia se tiene la impresión de que las leyes son decorativas. En auxilio de los usuarios Paulino ha recordado que independientemente de que lo hagan en la Superintendencia de Bancos, los intermediarios financieros están obligados por ley a registrarse en Proconsumidor. Esto, a propósito de los abusos que se han denunciado con los contratos de adhesión de los tarjetahabientes. La Superintendencia de Bancos, como si las denuncias atentaran contra la seguridad del sistema bancario y no sobre los usuarios, ha salido en defensa de los cobros y comisiones por el uso de tarjetas de crédito. Pero Proconsumidor ha aclarado que sólo quiere cumplir lo que establece la ley. Y, por supuesto, eso parece demasiado.
