El Congreso no ha abierto la boca sobre la auditoría de la Cámara de Cuentas que revela que entre 2006 y 2010 en la Cámara de Diputados, presidida entonces por el hoy senador Julio César Valentín, se erogaron alrededor de 2,300 millones de pesos en ayudas sociales. Tan escandalosa como la erogación de la astronómica suma es que las supuestas ayudas, al margen de los infames barrilito y cofrecito de los senadores y diputados, se hicieran, según la entidad, sin soporte.
Quizás por la fábula de los bomberos, los presidentes del Senado y de los diputados, Reinaldo Pared Pérez, y Abel Martínez Durán, se han refugiado en el mismo oprobioso silencio que han observado frente a otro escándalo, como los más de 187 mil millones de pesos que según la Cámara de Cuentas se gastaron sin documentación durante la ejecución presupuestaria de 2012.
Como si gozara de algún blindaje tampoco Valentín se ha dignado a hacer ningún tipo de aclaración sobre la evidente utilización de los recursos públicos para construir liderazgos a través del clientelismo. Al silencio de los titulares del Congreso y del propio imputado se agrega el mutismo de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA). Como si no fuera nada.
