La Cancillería desautorizó, con encomiable prontitud, las insólitas trabas al comercio con Taiwán impuestas por la embajadora Rafaela Alburquerque. Sin embargo, todavía zumba la interrogante de ¿cómo es posible que una funcionaria se atribuya unas prerrogativas violatorias de convenios internacionales? La desautorización de los requisitos ilegales y unilaterales no debe ser únicamente para la señora Alburquerque, sino para todos los representantes diplomáticos. No puede ser que una embajadora no supiera que el certificado de origen, declaración de componentes químicos y la legalización y traducción de documentos que requería al intercambio comercial entre Taiwán y República Dominicana violan convenios internacionales. La Cancillería ha tenido que recordárselo al desautorizar unos requisitos que, a todas luces, atentan contra los consumidores. Cuando presidía la Cámara de Diputados, una de sus frases memorables fue que no cogía corte. Habrá que ver ahora si acatará la desautorización sobre los inconcebibles requisitos.
