Diputados intervienen

No deja de ser irónico que una comisión de la Cámara de Diputados decidiera investigar al suspendido alcalde de La Romana sobre las irregularidades invocadas por el Concejo de Regidores para justificar la medida. Porque resulta y viene a ser que a los legisladores se atribuyen hasta violaciones constitucionales en lo que respecta a la rendición de cuentas que no han mostrado el menor interés en ni siquiera dar explicaciones.

Si han decidido abrir una investigación sobre los cargos contra el edil Juan Antonio Adames, que más bien compete a la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa, ha sido solo para guardar las apariencias.

Esa es la impresión, habida cuenta de que los diputados han rehusado determinar, por ejemplo, si en verdad se violaron la Constitución y las leyes con el déficit fiscal por más de 200 mil millones de pesos en que según la Cámara de cuentas se incurrió en 2012. O sobre donaciones sin soporte por unos 2,3 millardos en que habría incurrido el propio cuerpo de 2006 a 2010. Son detalles que generan suspicacia sobre la decisión de investigar las acusaciones de corrupción contra el síndico de La Romana.